REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA – ¿Un paso para adelante y siete para atrás?

¿Qué se aprobó? ¿Por qué se aprobó? ¿Cómo me afecta?

Explicamos de un modo sencillo pero profundo qué está pasando y por qué las empresas y otras instancias están impugnando por varias vías legales dicha reforma.

¿Qué cambió con lo que recientemente se aprobó?

Esta reforma modifica completamente la operación de la industria eléctrica en las actividades donde la competencia está permitida: la generación y comercialización de energía eléctrica. Esto se debe a tres principales razones. En primer lugar, se modifica el mecanismo por el cual las centrales eléctricas despachan energía eléctrica. De esta manera, se asegura que las centrales eléctricas que despacharán primero serán las centrales eléctricas de la CFE –sin importar su eficiencia y el tipo de tecnología que usan— seguido por las centrales eléctricas con fuentes de energía limpia y finalmente las centrales eléctricas privadas con fuentes de energía convencional.

En segundo lugar, se pretende desaparecer a las sociedades de autoabastecimiento y los productores independientes de energía. Ambos son productores de energía privados que se rigen por la ley anterior a la Ley de la Industria Eléctrica por haber tramitado sus permisos y celebrado sus contratos con las normas anteriores. Estos productores contaban con ciertos incentivos económicos que la administración actual considera inconvenientes para la CFE y que han sido utilizadas como fraude a la ley (http://bit.ly/3vOp8xU), haciendo esto último la razón para revocar los permisos de autoabastecimiento, como se establece en los artículos transitorios de la reforma.

En tercer lugar, con la creación de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, se incentiva a que todos los usuarios finales, ya sean pequeños o grandes consumidores, celebren estos contratos con la CFE –quien es el único suministrador que puede celebrarlos hasta ahora– para adquirir energía eléctrica, debido a que es la única manera en la que pueden asegurar que sus centros de carga serán abastecidos con la cantidad de energía eléctrica y demás productos que requieran.

¿Por qué se aprobó el cambio?

La administración actual ha enfocado su política energética hacia el fortalecimiento de las Empresas Productivas del Estado: Pemex y CFE – pero principalmente la primera, ya que es la más visible y con un valor histórico más preponderante –. El Gobierno Federal ha insistido en desarrollar la Refinería de Dos Bocas y rehabilitar las demás refinerías. Sin embargo, esto conlleva a una mayor producción de combustóleo.

El combustóleo es un subproducto de la refinación del crudo con un alto contenido de azufre (como lo es la mayor parte del petróleo extraído en México), cuyo principal uso consiste en ser combustible (gasolina, turbosina, etc.). El combustóleo ha sido prohibido en diversos países debido a las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por su utilización.

En consecuencia, el combustóleo que se produciría por la operación de la nueva refinería y la rehabilitación de las existentes difícilmente podrá ser utilizado por PEMEX para otro fin que no sea su comercialización, por lo que tendría que almacenarse. El almacenamiento de combustóleo generaría pérdidas para PEMEX, por lo que es necesario que lo venda. De otra manera, los nuevos proyectos que desarrolle no serán suficientes para que su fortalecimiento tenga éxito desde el punto de vista tecnológico y financiero.

Recordemos que PEMEX opera con tecnología anticuada con respecto a otras empresas petroleras a nivel mundial, por lo que de por sí su eficiencia es baja comparativamente.

Por tal motivo, permitir que la CFE pueda comprar el combustóleo de PEMEX para que las centrales eléctricas convencionales lo utilicen en la generación de energía eléctrica, evitaría que la empresa petrolera tenga pérdidas por el almacenamiento del combustible y, además, recupera utilidad por la venta del desaprovechado combustóleo. De este modo, la CFE estaría realizando un subsidio cruzado con PEMEX.

La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue iniciativa preferente del presidente. Por lo que el Congreso de la Unión tuvo un periodo de 60 días –30 días para cada una de las cámaras que lo componen—para aprobar, modificar o rechazar la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal. La mayor parte del Congreso de la Unión forma parte del mismo partido político al que pertenece el presidente, lo cual aceleró y facilitó la aprobación de la Reforma.

¿Qué consecuencias tiene en el corto plazo?

En el corto plazo difícilmente habrá consecuencias, dado que actualmente la reforma a la ley se encuentra en impugnación y podría tardar al menos seis meses para que la reforma a la ley empiece a surtir efectos. No obstante, si llegase a surtir efectos, se modificaría el despacho de centrales eléctricas, por lo que la mayor parte de la demanda será cubierta por las centrales eléctricas de la CFE, después por las centrales eléctricas privadas con fuentes de energía renovable y finalmente, si aún hay demanda por cubrir, las centrales eléctricas privadas con fuentes de energía convencional. Por tal razón, muchas empresas privadas abandonarán sus proyectos y comenzarán arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano.

De la misma manera, comenzará la revocación de permisos a las sociedades de autoabastecimiento y la renegociación o terminación anticipada de los contratos de productores independientes con la CFE y, por ende, la salida de más empresas privadas.

Como consecuencia la salida de empresas y la incertidumbre jurídica, México perderá más atracción de inversión extranjera directa, como la decisión de Elon Musk de cambiar la instalación de su planta armadora de Tesla de Jalisco a Texas.

¿Qué consecuencias tiene en el largo plazo?

En el largo plazo habrá muchas consecuencias. En primer lugar, habrá un aumento en las tarifas eléctricas por el uso de centrales eléctricas con mayores costos de generación y, por ende, el aumento del precio de la mayor parte de los productos y servicios. En segundo lugar, Pemex y CFE seguirán siendo empresas ineficientes, dada la disminución de la demanda de combustibles fósiles y la dependencia de CFE de éstos para generar energía eléctrica. En tercer lugar, las consecuencias de menor inversión extranjera directa, como desempleo, pobreza, entre otros.

Sin embargo, quizá las mayores consecuencias en el largo plazo serían:

  1. Por un lado, el tan indeseable efecto contaminante del combustóleo –que de por sí es un subproducto residual de la refinación de combustibles y ya en sí representa un “deshecho” – con la terrible consecuencia de que su uso en las centrales eléctricas no sólo provocará un mayor costo tarifario (por ineficiencia) en la generación de energía eléctrica, sino que se contaminará mucho más por su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero, y
  2. Por el otro, México verá rezagada su transición a tecnologías de generación de energía eléctrica renovable o menos contaminante, lo cual no sólo tendrá efectos a nivel microeconomía (por ejemplo: será más difícil la entrada y normalización de la venta de vehículos eléctricos, con costos accesibles y con una red de carga amplia, competitiva y eficiente), sino también a nivel macroeconómico porque rezagará la implementación de grandes proyectos de infraestructura –principalmente parques eólicos y solares– a gran escala para la generación de energía de forma más económica, eficiente y respetuosa del medio ambiente.

¿Cómo afecta a grandes empresas?

En primer lugar, genera una gran desconfianza en el Estado, en el partido en el poder y su forma de tomar decisiones, por lo que probablemente las empresas nacionales y extranjeras, así como los grandes inversionistas de capitales no golondrinos dejarían de invertir y, en el caso de las empresas extranjeras, hasta podrían salir del país. En segundo lugar, las empresas que no puedan salir tendrán que pagar mayores costos por el aumento de las tarifas eléctricas.

¿Cómo afecta a MiPyME’s?

Las MiPyME’s verán afectada su estructura de costos. Dependiendo del giro el impacto sería mayor o menor, pero definitivamente – y considerando que de por sí están estresadas en este momento por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 –, el panorama sería más negativo.

Pensando en Start-ups, también complicaría el panorama para las iniciativas emprendedoras, incluso provocando un aumento en la tasa de quiebra de las empresas con 12, 24 y 36 meses de vida.

Recordemos que la pandemia que estamos viviendo ya “cobró” más de 1 millón de quiebras de empresas (principalmente MiPyME’s).

¿Cómo afecta al ciudadano de a pie?

Aumento de tarifas que afectan la economía personal/familiar, así como problemas de salud por la contaminación adicional. Más escasas y peores condiciones de empleo en el país porque las empresas tendrán que hacer ajustes en su estructura de costos, y la mano de obra suele ser la primera en sufrir cualquier ajuste por costos a nivel empresarial.

Conclusión e ideas finales

Esta reforma no tiene ningún otro propósito más que disponer del combustóleo, embelleciendo el estado de resultados de PEMEX mediante un mecanismo de subsidio cruzado. Sin embargo, las consecuencias a cambio de un efecto meramente administrativo son muy negativas y de gravedad:

  • Energía eléctrica producida a mayor costo por la ineficiencia de utilizar combustóleo y la desactivación de los generadores privados –tanto del régimen actual como del anterior–, así como forzar su comercialización de manera menos eficiente por la CFE.
  • Efectos altamente contaminantes por la utilización de dicho combustóleo, que de por sí es un residuo por la ineficiencia que tiene PEMEX en sus refinerías.
  • Se acentuará el rezago tecnológico de PEMEX y de CFE. En la primera, por no invertir en nuevas tecnologías de extracción, refinación y distribución de los productos y subproductos del petróleo, y el empecinamiento en el desarrollo de refinerías ineficientes y contaminantes. En la segunda, por no invertir en centrales eléctricas con las nuevas tecnologías con menores costos y más amigables con el medio ambiente y, aún más importante, en ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica para reducir las pérdidas de energía debido a su obsolescencia.
  • Se acentuará el rezago ecológico que tiene México como país en comparación con otras economías del mundo al desincentivar la inversión en nuevas tecnologías menos contaminantes para la generación de energía eléctrica. Por lo que, en vez de avanzar, estamos retrocediendo al invertir en tecnologías que no tienen futuro.
  • La afectación a empresas productoras y consumidoras de energía eléctrica es más que evidente, pero este efecto en cascada provocará que la base de costos a nivel empresarial en casi todos los giros y sectores aumente, afectando los costos e incluso posiblemente provocando inflación, permeando hacia abajo, incluso en el bolsillo de las familias
  • Esto podría afectar significativamente las oportunidades laborales y empresariales de los mexicanos en general, ya golpeados de por sí por la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19, y
  • Finalmente, el Estado no puede tomarse a la ligera su función regulatoria. El Estado cuenta con agencias especializadas en estos sectores precisamente para mantener la eficiencia y certidumbre para promover las inversiones. Modificaciones en el marco normativo con tanta trascendencia deben ser consultadas con expertos en el tema antes de realizarse. Incluso, de ser necesario y como se ha hecho en el pasado, se puede solicitar apoyo a las instituciones de estudios superiores – públicas y privadas –, para apoyar el estudio y la toma de decisiones del Estado.

En Haneine Consultores tenemos experiencia asesorando a empresas y empresarios en la toma de decisiones ágil y de alto impacto. Contáctanos, con gusto te ayudaremos.

Acerca de los autores:

Jesús Mendoza Abarca es consultor jurídico en el sector energético, con mayor experiencia en el sector eléctrico. Ha participado en la elaboración de dictámenes periciales en juicios constitucionales sobre los recientes cambios al marco normativo por la administración actual, incluyendo sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. También ha apoyado a empresas en el desarrollo de proyectos de infraestructura para almacenamiento de petrolíferos y otros relacionados a la generación y almacenamiento de energía eléctrica. Finalmente, ha apoyado a instituciones financieras para determinar la viabilidad del otorgamiento de créditos a empresas del sector eléctrico, de gas natural y petrolíferos. Para más información y contacto: mendozaabarcajesus94@gmail.com

Abraham Haneine es consultor de negocios y financiero con más de 21 años de experiencia. Ha participado en banca de inversión; gestionando y asesorando proyectos disruptivos y de alto impacto. Como consultor de empresas, ha mejorado su rentabilidad y eficiencia. Ha liderado proyectos para la implementación de metodologías Agile, Lean o Design Thinking así como para la consecución de certificaciones ISO/NOM. Además, ha ocupado cargos de alta dirección (C-Level) en empresas como Promecap/Soros Fund Management, Grupo Televisa, S.A.B., e Intelisis Software, S.A. entre otras. Para más información y contacto: www.haneineconsultores.com; Oficina 55 6234-1202, Móvil 55 2885-6847, info@haneineconsultores.com.